El CSD da potestad a la RFEF para finalizar la temporada

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha dictado una resolución, con fecha 30 de abril, en la que faculta a las comisiones delegadas de las federaciones deportivas españolas para decidir la finalización o no de sus respectivas ligas

Examinada la propuesta de las Federaciones Deportivas Españolas, organizadoras de Ligas regulares, competiciones federadas oficiales no profesionales de ámbito estatal, para el establecimiento de un marco adecuado para la resolución de situaciones que pudieran plantearse como consecuencia de la crisis sanitaria propiciada por la pandemia de la COVID 19, y resultando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
I. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 prevé, en el artículo 10 apartado tercero, la suspensión de las actividades deportivas.

II. Como consecuencia de la suspensión de las actividades deportivas, las ligas regulares no profesionales organizadas por las federaciones deportivas españolas han quedado suspendidas en el curso de su desarrollo, sin que en la mayoría de los casos haya sido posible su finalización completa, no pudiendo determinarse en este momento cuándo y cómo podría, en su caso, procederse a su reanudación.

III. Esta situación debido a una causa de fuerza mayor ajena a las federaciones deportivas genera, tanto para estas mismas como para los y las participantes en tales eventos deportivos, un escenario de incertidumbre e inseguridad.

Las federaciones deportivas españolas serán las que asuman la competencia para conocer y resolver cuantos aspectos se susciten, en relación con las ligas regulares no profesionales organizadas o cuya titularidad corresponda a dichas entidades

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Esta Presidencia dicta la presente Resolución en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 5. 2 apartado j) del Real Decreto 460/2015, de 05 de junio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo Superior de Deportes, BOE del 16 de junio, dando cumplimiento al principio de colaboración responsable en el ejercicio de las respectivas funciones por parte del sector público estatal y del sector privado en el deporte.

SEGUNDO.- La ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece en su artículo 33. 1º a), que:

“Las Federaciones deportivas españolas, bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, ejercerán las siguientes funciones: a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal”.

TERCERO.- Por su parte, el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, en el artículo 3. 1º a), establece que

“Las Federaciones deportivas españolas, además de sus actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades deportivas que corresponden a cada una de sus modalidades deportivas, ejercen bajo la coordinación y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:
a) Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal. A estos efectos, la organización de tales competiciones se entiende referida a la regulación del marco general de las mismas, según se establezca en la normativa federativa correspondiente”.

CUARTO.- En todo caso, el desarrollo de las competiciones deportivas no profesionales entra dentro de la esfera de las competencias propias de las federaciones deportivas, y no se encuentra entre las funciones públicas delegadas que recoge el apartado 1, párrafo a) del artículo 3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas.

QUINTO.- Ante la necesidad de adoptar las decisiones encaminadas a resolver todo lo relativo a sus competiciones y, en especial, con respecto a las ligas regulares de las competiciones oficiales no profesionales que están suspendidas, tratando de resolver si estas deben o no continuar.
Y, por otro lado, en el caso de que no se puedan concluir, sobre cuál será el orden clasificatorio a efectos de determinación de ganadores, o el régimen de ascensos y descensos.
En aras de cumplir con los criterios de integridad y justicia vinculados a la competición deportiva, que requiere la adaptación de estas medidas, en relación a las competiciones federadas oficiales no profesionales de ámbito estatal con formato de liga regular que hubiesen resultado afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.

SEXTO.- Las federaciones deportivas, deberán adoptar internamente los acuerdos precisos para resolver todo lo relativo a estas competiciones; y, en especial, con respecto a las ligas regulares de las competiciones deportivas oficiales no profesionales organizadas por ellas.

En el caso de no reanudarse la competición será la RFEF quien determinará el régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada

Por cuanto antecede, conforme con la propuesta de la Subdirección General de Régimen Jurídico del Deporte, resuelvo formular las siguientes recomendaciones a las respectivas Federaciones Deportivas Españolas:

1- Que en virtud del artículo 16, Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, y de acuerdo con las funciones que éste les atribuye en lo relativo a la modificación de calendarios y reglamentos, sean las comisiones delegadas de las federaciones deportivas españolas las que asuman la competencia para conocer y resolver cuantos aspectos se susciten, en relación con las ligas regulares no profesionales organizadas o cuya titularidad corresponda a dichas entidades. En concreto:
a) La determinación de si las ligas regulares no profesionales que no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse.

b) En el supuesto de reanudarse las ligas regulares no profesionales, la determinación del momento y formato en el que proceda llevarse a cabo.

c) En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible su conclusión, la determinación del orden clasificatorio y, en especial, la fijación de ganadores.

d) En el caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible la normal conclusión, la determinación del régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada.

e) La determinación de otras cuestiones que guarden relación con los aspectos apuntados en los apartados anteriores, y en general sobre cualesquiera otros aspectos que en el ámbito deportivo-competicional afecten a las ligas regulares ante posibles incidencias o supuestos derivados de la situación generada por la crisis de la COVID-19.

2- Dichas disposiciones serán motivadas y se adoptarán, y debidamente publicadas para su general conocimiento, sin perjuicio de su notificación a las entidades que resultasen interesadas o afectadas por las mismas. Las mismas se acordarán atendiendo a criterios de objetividad, integridad, justicia deportiva y resultados competitivos.

Las resoluciones de la Comisión Delegada que guarden relación con la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución agotarán la vía federativa. Frente a las citadas resoluciones, únicamente en la medida que afecten al marco general de organización de las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal, podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

Esta Resolución es definitiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo de conformidad con el artículo 9.1.c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el art. 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

Potestativamente, podrá interponer recurso de reposición ante este mismo órgano de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, significándole que, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

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